Fiscalía no ha garantizado justicia en hechos de violencia

Forum en linea. Anayeli García Martínez. En un aparente círculo perverso de injusticia, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), tiene ahora la obligación de investigar y castigar a los militares responsables de la violación en 2002 de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, en el estado de Guerrero.

Y es que esa fiscalía, cuyos orígenes se remontan al 2003, no logró esclarecer en su momento casos emblemáticos de violencia de género, como la violación de 14 mujeres en San Salvador Atenco y Texcoco, en 2006; o el de las 14 bailarinas agredidas sexualmente, también por militares, en Castaños, Coahuila, en ese mismo año.

A la larga lista de investigaciones infructuosas por parte de la Fevimtra, se suman los casos de feminicidio en el predio conocido como Campo Algodonero, y el del cerro del Cristo Negro, ambos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Beneficio de la duda. Tras nueve años de litigio en México y ante el sistema de justicia interamericano, las indígenas Inés y Valentina lograron que su caso pasara del fuero militar al civil.

En octubre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la agresión sexual contra las dos mujeres tlapanecas.

Al considerar que las indagaciones no fueron realizadas con la debida diligencia ni en el fuero adecuado, la Corte Interamericana ordenó “conducir eficazmente la investigación penal” de ambos casos.

El pasado 7 de abril Inés y Valentina solicitaron formalmente a la Secretaría de Gobernación la instalación de una mesa de trabajo para abordar sus casos.

Tres meses después, el 28 de julio, las indígenas acudieron ante la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) y la PGR para solicitar formalmente que sus expedientes se remitieran a una instancia civil, tal y como ordenó la Corte.

El pasado 12 de agosto la PGJM notificó formalmente que las averiguaciones fueron remitidas a la PGR, instancia que a su vez las remitió a la Fevimtra.

Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y quien da seguimiento a los casos, explica que hasta el 15 de septiembre pasado fue informado de que los expedientes se turnaron a la Fevimtra, cuya titular, Angélica Herrera Rivero, fue designada luego de que Sara Irene Herrerías pasó a encabezar recientemente la Procuraduría Social para Atención a Víctimas del Delito.

El defensor de Inés y Valentina señala que el coordinador general técnico de Fevimtra, José Antonio Pérez Bravo, dijo que la agente del MP Lourdes Palacios estará a cargo de los casos.

“Nosotros lo que estamos enfatizando es que los casos serán una prueba idónea para que la Fevimtra demuestre si es cierto que efectivamente incorporó estándares de investigación adecuados y una perspectiva de género en la investigación de delitos sexuales”, advierte Aguirre.

Historia de incumplimientos. La Fevimtra fue creada para investigar y perseguir los delitos federales cometidos contra las mujeres. Surgió a raíz de la demanda de organizaciones civiles para que se esclarecieran los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

Aunque toma su nombre como tal en 2008, desde 2003 se creó la Fiscalía Especial Mixta para la Atención de Homicidios de Mujeres, que al año siguiente se transformó en la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En 2005 la institución amplio su campo de trabajo y se transformó en la Fiscalía Especial en la Atención de Delitos Violentos Contra las Mujeres, misma que en 2006 se nombraría como Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos relacionados con actos violentos contra las mujeres (Fevim).

El 31 de enero de 2008 la Fevim se convirtió en Fevimtra, y ahora tiene la facultad de investigar el delito de trata de personas.

Como Fevim, la instancia de la PGR atrajo el caso de la violación sexual de 14 mujeres de Atenco que fueron agredidas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006.

Sin embargo, la fiscalía tuvo durante tres años el caso en la congeladora, y ya como Fevimtra en 2009 declinó su competencia a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), con el argumento de que los probables responsables eran agentes estatales y por tanto correspondía a las autoridades locales investigar los hechos.

La Fevimtra consideró que las mujeres de Atenco sí fueron víctimas de tortura sexual, pero no consignó a los responsables a pesar de contar con todas las pruebas. El expediente está ahora en manos de la PGJEM y sin avance alguno. Este caso recientemente fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Lo mismo pasó con el caso Castaños, referente a la violación por parte de militares de 14 bailarinas en condiciones de explotación sexual comercial, de los centros nocturnos El Pérsico y Las Playas, en esa localidad de Coahuila en 2006.

En ese asunto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) declinó su competencia en las investigaciones y la Fevimtra sólo ofreció terapias psicológicas y no atrajo el caso por considerar que era del ámbito estatal.

En los casos Campo Algodonero, donde fueron encontrados los cadáveres de ocho mujeres en 2001, y del Cristo Negro, donde seis mujeres fueron asesinadas entre 2002 y 2003, la Fevimtra declinó su competencia a la Procuraduría de Chihuahua porque –aseguró– no había delitos del ámbito federal que perseguir.

Sentencias contra el Estado mexicano lo obligan a “ponerse las pilas”. Alda Facio, precursora de la perspectiva de género en el Estatuto de Roma y en la Corte Penal Internacional, sostiene que las sentencias de la Corte Interamericana contra México por dos casos de violación sexual y uno de feminicidio, son una oportunidad para fortalecer el acceso a la justicia.

La jurista costarricense y consultora en temas de género de diversos organismos de Naciones Unidas, explicó a Cimacnoticias, que las sentencias refuerzan lo que ya se sabe a nivel internacional: “Que las mujeres en México tiene poco acceso a la justicia”.

En noviembre de 2009 la Corte sentenció al Estado mexicano por su responsabilidad en tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en octubre de 2010 dictó dos sentencias más por la violación sexual de dos indígenas que fueron agredidas por elementos del Ejército en el estado de Guerrero, en 2001.

La feminista dijo que estos casos son sólo un ejemplo de lo que acontece a miles de mujeres que se encuentran en situaciones similares.

Alda Facio señala que hay más mujeres que están igual de desprotegidas y que enfrentan las mismas prácticas a pesar de que las leyes cambiaron, es decir los agentes del Ministerio Público o los policías no les creen cuando dicen que las violaron o cuando la familia asegura que desaparecieron.

“Llega la persona o el familiar a denunciar una desaparición y tiene que esperar 72 horas para que la policía la vaya a buscar, eso ya no está en la ley ni en ningún código pero los policías y los agentes fiscales siguen acatando una justicia androcéntrica y eso se debe a que se cree que las mujeres se fueron con el novio o algo así”.

Si bien la jurista asegura que hay varias investigaciones que demuestran la falta de acceso a la justicia de las mujeres, por otro lado señala que el Estado está haciendo un esfuerzo por implementar algunas partes de las sentencias, aunque esto sea mínimo.

“Es un país muy grande y lo que se hace es poco”, reconoce la experta, quien durante este año ha capacitado a juezas y jueces mexicanos para que juzguen con perspectiva de género y promuevan una mirada menos androcéntrica (masculina) en el derecho penal.

“En la parte que a mi me toca, que es la capacitación de jueces y juezas algo se está haciendo, no es todo lo que se debería hacer ni es lo suficiente pero –por ejemplo– en Chihuahua hicimos una capacitación de cuatro meses con sólo 30 jueces y no cubre todo, pero esos 30 jueces creo que sí se sensibilizaron un poquito a la situación de las mujeres y espero que sus sentencias lo reflejen en el futuro”.

Para la autora de diversas publicaciones sobre género y derechos humanos, en México las instancias de procuración y administración de justicia pueden hacer algo para cambiar la situación de violencia que viven las mujeres aunque el cambio será lento y quizá insuficiente sin el apoyo de todo el Estado.

“Lo que quiero decir es que lo poquito que se ha hecho demuestra que sí es factible hacerlo. Lo que tienen que hacer es hacer mucho más, poner mucho más recursos, mucho más gente, cambiar muchas estructuras, abrir muchos espacios para que las mujeres puedan denunciar…”

Alda Facio no pierde la esperanza y señala que las sentencias y las reformas legislativas, como la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos son una oportunidad “para que México se ponga las pilas y vuelva a ser líder en cuestiones de derechos humanos como lo fue hace muchos años”.