Notimex.- A fin de fortalecer el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental para prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina de este jueves 12 de enero, se crea la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción, para promover un modelo de gestión más eficiente.
El decreto firmado por el presidente Enrique Peña Nieto y la titular de la SFP, Arely Gómez González, determina que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales pasa a formar parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Además, establece la incorporación de mejores prácticas en la gestión gubernamental, así como el impulso y la promoción de esas acciones en los estados, en el marco de los sistemas nacionales de Transparencia (SNT), Anticorrupción (SNA) y de Fiscalización (SNF).
El reglamento prevé la vigilancia del cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización en coordinación con autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción, y que se debe propiciar la eficacia y la eficiencia de la auditoría, el control interno y la fiscalización.
Todo ello, para privilegiar la actividad preventiva y el logro de los objetivos y metas institucionales, según un comunicado de la SFP.
El decreto indica que la política de contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, se conducirá bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez.
En otro punto, establece las áreas que instrumentarán la política interna en materia de Transparencia e Igualdad de Género, que forma parte de los ejes estratégicos que Arely Gómez González definió en el Programa de Trabajo Institucional de su administración.
Plantea que se elaborarán proyectos de políticas, estrategias, lineamientos, guías, manuales, entre otros instrumentos, en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de intereses de las dependencias de la Administración Pública Federal.
Por último, Función Pública garantiza la consolidación de las acciones y estrategias para que los ciudadanos tengan acceso a trámites y servicios de manera simplificada mediante herramientas digitales que permitan combatir los espacios de corrupción.
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