Se llevó a cabo primera sesión ordinaria del Consejo de Seguridad Escolar

El Consejo de Seguridad Escolar del Ayuntamiento de Puebla sesionó por primera vez, con el objetivo de plantear y llevar a cabo estrategias de seguridad que brinden a los escolares un clima de mayor tranquilidad, mediante diversos programas que lleva a cabo el Sistema Municipal DIF y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

La sesión ordinaria fue presidida por la Regidora Alejandra Domínguez Narváez, Presidenta de la Comisión de Educación y Vicepresidenta del Consejo de Seguridad Escolar, así como por Amadeo Lara Terrón, titular de la SSPTM, Joaquín García Vinay, Director del DIF Municipal y María Guadalupe Isaura Díaz Guevara, en representación del Síndico Municipal Ernesto Bojalil Andrade.

Durante su intervención, Lara Terrón informó que a la fecha se han entregado 109 alarmas escolares a igual número de instituciones educativas. A la par se han implementado diversos programas de prevención del delito, como Escuela Segura.

En este sentido, el Secretario detalló que desde el principio de la administración hasta agosto de 2013 se han atendido 529 instituciones, 111 mil 276 alumnos, 3 mil 786 docentes y 6 mil 916 padres de familia, habiendo beneficiado a un total de 121 mil 978 personas con el Programa Escuela Segura.

Dicho programa abarca instituciones educativas desde nivel preescolar hasta universidades, y dependiendo del nivel y/o problema que se presente, se aplica la estrategia que abarca temas como seguridad pública, prevención del delito, violencia y adicciones, así como la cultura de autocuidado.

Dentro de los acuerdos a los que llegaron fue formar, como requisito para la entrega de alarmas, un Comité de Brigada de Seguridad Escolar, a fin de garantizar su óptima operación.

Igualmente se determinó que se entreguen 41 alarmas escolares en los meses de octubre y noviembre, y que a la par se lleven a cabo programas de prevención del SMDIF y de la SSPTM.

Asimismo se determinó analizar la posibilidad de entregar en las instituciones educativas un tríptico con medidas de prevención al delito, así como realizar un análisis interinstitucional para determinar qué escuelas faltan y cuáles están en la lista, con el objetivo de no duplicar funciones.